CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DR. PEDRO SALAZAR UGARTE

El pasado 28 de enero, el Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM impartió una conferencia magistral en la que habló del proyecto de investigación del citado Instituto denominado “Hacia la reordenación y consolidación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

El evento tuvo lugar en el University Club, con motivo de la sesión-comida convocada por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. que coordina el licenciado Antonio Arámburu Mejía.

A lo largo de su presentación, el doctor Salazar Ugarte expuso el sentido, origen, alcances y pretensiones del proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas referido, en el que participaron Héctor Fix-Fierro, Diego Valadés, Daniel Barceló, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Pedro Salazar Ugarte, José María Serna de la Garza y Daniel Márquez.

A manera de introducción, el ponente destacó que una de las grandes discusiones del presente mexicano tiene que ver con nuestro estado de derecho y con nuestras instituciones jurídicas. Esta es una temática que ha ido cobrando fuerza como una secuela inevitable del proceso de transición democrática.

En términos generales, aún con sus defectos, si miramos al país en su conjunto, podemos considerar que el proceso de transición democrática fue institucionalmente exitoso. Pero esta transformación que tuvo a lo político como eje central fue relegando la relevancia del expediente propiamente jurídico. Si analizamos los distintos ámbitos de la judicatura encontraremos confirmaciones de esta tesis.

La gran apuesta emprendida desde 1994 para transformar no solo a la Suprema Corte en un tribunal constitucional sino a la Judicatura Federal en una instancia que tuviera mayores capacidades técnicas y económicas para operar de manera adecuada, en realidad fue una apuesta hacia la obtención de una vía jurídica que pudiera servir para arbitrar muchos de los conflictos políticos del país, convirtiendo a la Suprema Corte en un actor que tiene una relevancia política nacional indiscutible.

Esto no quiere decir que la Corte no sea un actor jurídico, quiere decir que por la naturaleza de sus decisiones, por las características de sus facultades y por la manera en que evolucionó el sistema político mexicano, el arbitraje jurídico de disputas políticas de la Corte cobró una gran relevancia.

Al analizar las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, encontramos dos temáticas que se imponen, las cuestiones presupuestales y las electorales. Esto nos habla de cómo el arbitraje de los desacuerdos entre distintas entidades de poder se fue desfasando desde la sede del Ejecutivo hacia la sede jurisdiccional. Así se ha fortalecido y se ha resuelto de manera positiva la justicia constitucional, que no deja de tener una valencia política relevante, y en este sentido sigue siendo parte del proyecto de la transición política y no ha habido propiamente una transición jurídica.

El tema del estado de derecho se ha colocado en distintos ámbitos del debate público nacional como una prioridad, es un tema de una trascendencia de amplio espectro para el crecimiento, el desarrollo y el futuro de nuestro país.

Así, el doctor Salazar Ugarte destacó que en ese contexto de preocupaciones y de investigaciones que tienen que ver con los distintos actores, ámbitos y aspectos relacionados con el estado de derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se preocuparon por la Constitución, preocupación que se dio en tres niveles:

1. Primera preocupación: ¿Qué dice la Constitución?

Desde 1982 ha habido un proceso muy acelerado de reformas constitucionales y existe una tendencia reformadora exponencial, en consecuencia, la Constitución se ha vuelto un texto farragoso, complicadísimo, prácticamente inaccesible.

2. Segunda preocupación: La deformación técnica de la Constitución.

En las últimas reformas, las llamadas estructurales, prácticamente no se invitó a participar a ningún actor externo de la negociación política. Esto tuvo consecuencias técnicas, porque las reformas recogieron las necesidades sobre la mesa de plasmar los acuerdos políticos que permitían alcanzar un consenso y no hubo una revisión técnica de lo que se votó y hoy está en la Constitución.

Al respecto, el doctor Salazar Ugarte destacó tres datos: i) Actualmente la Constitución tiene tres veces más palabras que en 1917; ii) el artículo 41 de la Constitución es el que más palabras tiene, en 1917 tenía 63, hoy tiene más de 4,000; y iii) la única Constitución en el mundo que tiene más palabras que la mexicana es la Constitución de la India, que es una constitución flexible, por lo que en estricto sentido no es Constitución.

Esta tendencia no es buena desde el punto de vista técnico, si queremos un estado de derecho, la Constitución debe ser accesible a todos sus destinatarios.

3. Tercera preocupación: La Constitución es patrimonio de unos pocos.

Con las características apuntadas, la Constitución se ha vuelto patrimonio de unos pocos, de los abogados y, especialmente de los jueces, porque cuando el texto es obscuro cabe prácticamente cualquier cosa y será el intérprete último de la Constitución el que terminará diciendo qué dice para el caso concreto. Este es un desplazamiento con consecuencias severas, por lo que hoy en día nadie puede creer en la idea de la certeza jurídica.

A partir de estas preocupaciones surgió la idea en el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de reordenar y consolidar la Constitución para mejorarla, pero conservándola a la vez, sin alterarla.

Lo primero que se hizo fue un diagnóstico para determinar qué problemas tiene la Constitución: i) disposiciones duplicadas; ii) terminología desactualizada; iii) se siguen utilizando diversos conceptos para referirse a la misma cosa; iv) tiene una importante cantidad de normas reglamentarias.

El ponente señaló que al realizar este proyecto, en el Instituto se inspiraron en algo que realizaron los suizos en 1999-2000 cuando el gobierno suizo ordenó que se realizara un ejercicio de “refundición” de la Constitución.

A decir del expositor, resulta muy interesante analizar la justificación del proyecto suizo a la luz del problema constitucional mexicano, porque los suizos diagnosticaron que su Constitución padecía los mismos males que la nuestra. Sobre esa base fue que el Instituto empezó a trabajar en el proyecto que nos ocupa.

El primer ejercicio consistió en una revisión de carácter gramatical, conceptual, terminológico, y después propiamente de reordenación del contenido.

La primera premisa fue no sustraer contenido de la Constitución actual, porque el proyecto tiene la finalidad de respetar el contenido normativo de la Constitución y así respetar los pactos políticos que la sustentan.

Pero, al mismo tiempo, tenían la consigna de descargar contenido constitucional, para lo cual retomaron una idea que Otero había propuesto en el siglo XIX y que otros países han explorado: la Ley de Desarrollo Constitucional, una ley de jerarquía suprema, complementaria a la Constitución, a la que pudiera llevarse todo aquello que es reglamentario y que, en estricto sentido, aunque los actores políticos quieren que tenga rango constitucional no debería estar en la Constitución (por ejemplo, los minutos que corresponden a los partidos políticos en tiempos electorales en radio y televisión).

La única cuestión sustantiva que se agregó fue un preámbulo de seis renglones:

“Esta Constitución expresa la voluntad del pueblo mexicano de instituirlo en estado de derecho democrático, social y laico, organizado como República representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica, que haga posible una sociedad plural, educada, sana, con bienestar y sin exclusiones, que en el ámbito interno y en las relaciones internacionales auspicie el desarrollo y la garantía de los derechos humanos, la paz y la solidaridad entre todos los pueblos.”

En el libro también se contiene la propuesta de Ley de Desarrollo Constitucional hasta donde la han trabajado en el Instituto y un disco con un cuadro comparativo donde se puede consultar a qué parte se movieron los contenidos constitucionales.

El proyecto se editó en una primera versión y el entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, consideró que se trataba de un proyecto académico de interés de la Cámara de cara al centenario de la Constitución, por lo que lo editó conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Pasó el tiempo, cambió la legislatura de la Cámara de Diputados, se actualizó el texto del proyecto, se mejoró la Ley de Desarrollo Constitucional y se hizo una nueva edición a la que se sumó el Senado de la República. A partir de esa doble publicación y de la circulación del proyecto, se ha planteado la idea de que esta podría ser una oportunidad histórica de cara al centenario de la Constitución de 1917.

El doctor Salazar Ugarte comentó que el proyecto ha despertado interés de muchos sectores, apertura incluso en el Legislativo y curiosidad en el Ejecutivo. Los que tienen mayor reticencia son los Ministros de la Suprema Corte.

Al terminar la exposición, tuvo lugar una nutrida sesión de preguntas y respuestas entre el ponente y el público asistente.